La norma 212-QĐ/TW establece un principio que suena muy bien: todas las organizaciones del partido y todos los miembros del partido son iguales ante la disciplina, y las sanciones deben ser justas, objetivas y rigurosas. Cabe destacar que incluso las personas fallecidas pueden ser objeto de investigación si han cometido infracciones especialmente graves. Pero de ahí surge una pregunta difícil de eludir: si los fallecidos siguen teniendo que rendir cuentas, ¿con qué criterio se mide la responsabilidad de quienes están vivos, ocupan cargos y tienen poder de decisión?
La normativa también hace hincapié en la evaluación de la responsabilidad individual, sobre todo la de los máximos responsables. Esto es totalmente razonable: quien tiene la facultad de firmar, dar instrucciones, supervisar y evitar irregularidades no puede, por defecto, mantenerse al margen cuando sus subordinados cometen errores. Pero la «triple responsabilidad» es solo una forma de referirse a un principio, no una cifra concreta recogida en el Reglamento 212. La cuestión fundamental es si un mayor poder conlleva realmente una responsabilidad proporcional.
Casos como el de Việt Á o los casos en los que se exime de responsabilidad penal debido a condiciones legales específicas hacen que la opinión pública se cuestione aún más la coherencia. Un mismo principio, pero resultados diferentes, pueden deberse a pruebas, roles, consecuencias y circunstancias jurídicas distintas —y son precisamente esas diferencias las que deben explicarse con transparencia. Porque la igualdad ante la disciplina no puede quedarse solo en el papel. Los fallecidos no pueden alzar la voz para defenderse; quienes ostentan el poder deben, por tanto, asumir aún más la responsabilidad de rendir cuentas. Cuanto mayor es el poder, más importante es la cuestión de la responsabilidad.
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